Inspirado en el modelo estadounidense, el oficialismo prepara un organismo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que dejará atrás el enfoque histórico de integración. La nueva agencia concentrará el control de las fronteras y reforzará los mecanismos de expulsión.

El proyecto contempla la conformación de una estructura centralizada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que concentrará funciones vinculadas al control de fronteras, la fiscalización de permanencia de extranjeros y la ejecución de expulsiones. De concretarse, este esquema reemplazaría el enfoque actual, donde distintas áreas del Estado comparten competencias en materia migratoria.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que el objetivo es “ordenar y reforzar” los mecanismos de control, en un contexto regional atravesado por crecientes flujos migratorios. En esa línea, el nuevo organismo tendría mayores facultades operativas y coordinación directa con fuerzas de seguridad, lo que le permitiría actuar con mayor rapidez en casos de irregularidad.

Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es el endurecimiento de los procesos de expulsión. Según se anticipa, se buscará agilizar los trámites administrativos y reducir instancias que hoy permiten apelaciones o demoras, lo que genera preocupación en organizaciones de derechos humanos y especialistas en temas migratorios.

Desde estos sectores advierten que un giro hacia un modelo más restrictivo podría vulnerar derechos adquiridos y romper con una tradición normativa basada en la inclusión. Argentina cuenta con una de las leyes migratorias más avanzadas de la región, que reconoce a la migración como un derecho humano esencial.

Por su parte, desde el oficialismo defienden la iniciativa al sostener que no se trata de un cambio de paradigma, sino de una actualización frente a nuevos desafíos. “El mundo cambió y necesitamos herramientas acordes para garantizar seguridad y orden”, indicaron voceros.

El debate recién comienza, pero el anuncio ya genera tensiones políticas y sociales. Mientras el Gobierno busca avanzar con rapidez en el diseño del nuevo organismo, distintos actores reclaman que cualquier modificación en materia migratoria sea discutida ampliamente y con garantías de respeto a los derechos fundamentales.