Al anunciar los datos acumulados desde noviembre, la ministra Alejandra Monteoliva advirtió que la falta de ordenamiento migratorio pone en riesgo la seguridad de la Argentina. «No estamos criminalizando, estamos ordenando», afirmó.

La ministra Alejandra Monteoliva defendió la política adoptada y rechazó las críticas de sectores que consideran que se trata de una postura restrictiva. “No estamos criminalizando, estamos ordenando”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el objetivo es asegurar que quienes ingresen o permanezcan en la Argentina lo hagan dentro del marco legal vigente.

Desde el Gobierno señalaron que el incremento en las expulsiones responde a una revisión más estricta de antecedentes, situaciones de irregularidad migratoria y casos vinculados a delitos. En ese sentido, destacaron que se reforzaron los operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad y organismos de control fronterizo.

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que el nuevo enfoque busca desalentar el ingreso irregular al país y fortalecer los mecanismos de identificación y seguimiento de extranjeros. “La falta de ordenamiento migratorio pone en riesgo la seguridad de la Argentina”, advirtió Monteoliva, marcando una línea discursiva que prioriza el control estatal.

Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron preocupación por el impacto de estas medidas, al considerar que podrían derivar en situaciones de vulnerabilidad para comunidades migrantes que ya enfrentan condiciones laborales y sociales precarias.

El debate sobre la política migratoria vuelve así al centro de la escena pública, en un contexto donde el Gobierno busca mostrar resultados concretos en materia de seguridad, mientras crecen las tensiones en torno al equilibrio entre control, derechos e inclusión.