Organizaciones campesinas del trópico de Cochabamba rechazaron la ley que regula los estados de excepción y advirtieron que podrían ocupar instalaciones militares.

Dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaron medidas de presión tras la promulgación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción. El representante del sector, Mario Rivera, informó que iniciarán una vigilia y advirtió sobre la posible toma de instalaciones militares en la región, al considerar que la norma busca restringir las protestas sociales.

Los líderes campesinos cuestionan especialmente los artículos que establecen la presunción de legalidad de las acciones de las Fuerzas Armadas durante un eventual estado de excepción. Según sostienen, la ley podría ser utilizada para reprimir a los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y participan en los bloqueos de carreteras que se mantienen en distintas regiones del país.

El Gobierno, por su parte, defiende la norma y asegura que se trata de un marco legal destinado a preservar el orden constitucional y garantizar la libre circulación. Aunque el estado de excepción aún no fue decretado, las autoridades señalaron que existe un plan de acción coordinado entre la Policía y las Fuerzas Armadas para responder a situaciones de crisis dentro del marco legal vigente.

La conflictividad social ya supera el mes de duración y ha provocado problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos, además de fuertes pérdidas económicas. Mientras continúan los cortes de rutas y las protestas, crece la presión sobre el Ejecutivo para encontrar una salida al conflicto y evitar una mayor escalada de la tensión en Bolivia.