Las seis federaciones de productores de coca vinculadas al expresidente Evo Morales anunciaron una escalada de las medidas de presión contra el Gobierno de Bolivia y reiteraron su exigencia de que el presidente Rodrigo Paz abandone el cargo.

La decisión fue adoptada durante una reunión de emergencia realizada en el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales, en respuesta a los enfrentamientos registrados el sábado en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Los incidentes ocurrieron durante un operativo de desbloqueo de carreteras y dejaron al menos 33 personas heridas, entre ellas seis policías.

El dirigente cocalero Gastón Ledezma aseguró que el Ejecutivo ha perdido la capacidad de conducir el país y anunció que las organizaciones movilizadas intensificarán las protestas. Asimismo, expresó el respaldo de las federaciones cocaleras a otros sectores que mantienen medidas de presión, como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz.

Como parte de esta nueva etapa de movilización, los cocaleros convocaron a una concentración masiva para el próximo 10 de junio en Cochabamba. La protesta también buscará denunciar los cortes recurrentes de energía eléctrica que afectan a comunidades del Trópico, situación que los dirigentes califican como una forma de presión política.

Según Ledezma, la interrupción de servicios básicos vulnera derechos fundamentales de la población. Sin embargo, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba atribuyó los apagones a problemas técnicos ocasionados por la caída de postes de alta tensión.

La crisis social y política atraviesa uno de sus momentos más delicados. Este lunes se cumplen siete meses desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia y más de un mes desde el inicio de los bloqueos que afectan a gran parte del territorio nacional.

Las movilizaciones comenzaron con reclamos vinculados al incremento salarial, la escasez de combustibles y el rechazo a diversas reformas impulsadas por el Gobierno. Con el paso de las semanas, las demandas evolucionaron hasta convertirse en una exigencia directa de renuncia presidencial, respaldada por sindicatos, organizaciones campesinas, sectores cocaleros y grupos sociales de distintas regiones.

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, actualmente existen más de 80 puntos de bloqueo distribuidos en varios departamentos, una situación que ha generado graves problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Durante las últimas semanas, el Gobierno intentó abrir espacios de diálogo con los sectores movilizados y habilitar corredores humanitarios para garantizar el ingreso de productos esenciales. No obstante, las negociaciones no prosperaron y las medidas de presión continúan creciendo.

En paralelo, el Parlamento aprobó una nueva normativa que regula la aplicación de estados de excepción, una herramienta que podría ser utilizada por el Ejecutivo para enfrentar la crisis. Sin embargo, hasta el momento el presidente Paz no ha anunciado cuáles serán los próximos pasos de su administración.

Mientras la tensión aumenta y el desabastecimiento se profundiza, diversos sectores políticos y económicos advierten que el margen para encontrar una salida negociada se reduce cada día más, en un escenario marcado por la incertidumbre y la polarización.