El Gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una serie de hechos que, según afirmó, ponen en riesgo el orden democrático y la estabilidad institucional del país.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, el canciller Fernando Aramayo sostuvo que las movilizaciones “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social” y buscan generar una desestabilización institucional para debilitar al Gobierno de Rodrigo Paz.

El funcionario detalló episodios de violencia registrados en La Paz, donde manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la Policía, ataques a edificios públicos y daños en estaciones de transporte. Además, remarcó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica, aunque advirtió que no permitirá acciones que afecten los derechos de la población ni el funcionamiento democrático.

Bolivia atraviesa una fuerte crisis política y social marcada por reclamos salariales, cuestionamientos a la calidad del combustible y el rechazo a reformas vinculadas a tierras. Aunque algunas protestas fueron desactivadas mediante acuerdos sectoriales, continúan los bloqueos impulsados por grupos que exigen la renuncia presidencial. Este miércoles se registraban al menos 47 cortes de ruta en diferentes departamentos del país.

En paralelo, la situación generó preocupación internacional. Diversos gobiernos de América Latina, además de Estados Unidos y referentes políticos de la región, expresaron respaldo a la institucionalidad democrática boliviana. Incluso, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, calificó las protestas como un “golpe en marcha” impulsado por sectores vinculados al crimen organizado y actores políticos opositores.