La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos atraviesa una fuerte crisis tras la renuncia de su presidenta, Claudia Cronenbold, a menos de un mes de haber asumido el cargo.

En su carta de renuncia, Cronenbold señaló que encontró una empresa “más deteriorada de lo previsto”, reflejando la profundidad de la crisis interna. La compañía acumula tres presidentes en apenas cinco meses, en un contexto de denuncias de corrupción, caída en la producción energética y problemas de gestión.

El presidente Rodrigo Paz ha vinculado la situación actual con presuntas irregularidades de administraciones anteriores, incluso denunciando una supuesta red de corrupción dentro de la empresa. La crisis también se relaciona con la reducción de ingresos por exportaciones de gas y la dificultad para sostener subsidios a los combustibles.

A esto se suman conflictos sociales derivados de la mala calidad de la gasolina, que habría provocado daños en miles de vehículos. Transportistas realizaron protestas y bloqueos en distintas regiones, mientras el Gobierno avanzó en compensaciones económicas a los afectados.

El escenario se complica además por la escasez de diésel que denuncian sectores productivos, lo que amenaza la cadena de suministro de alimentos. Con cambios constantes en la cúpula de YPFB y presión social creciente, el Gobierno enfrenta el desafío de estabilizar una empresa clave para la economía del país.