El gobierno boliviano confirmó que pagará 105 millones de dólares tras perder un arbitraje internacional con el BBVA por la nacionalización del sistema de pensiones en 2010.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Pensiones, Horacio Valencia, quien aseguró que el Estado tomará las medidas necesarias para cubrir la deuda. El fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que rechazó la última apelación presentada por Bolivia en un proceso iniciado ante el CIADI.

Este caso se suma a más de 20 arbitrajes internacionales que el país ha perdido en los últimos años, muchos vinculados a las nacionalizaciones impulsadas durante el gobierno de Evo Morales. Según estimaciones oficiales, el monto total de estas obligaciones podría alcanzar los 800 millones de dólares, con algunos litigios aún en curso.

Desde el Ejecutivo atribuyen estas deudas a decisiones de gestiones anteriores y anunciaron auditorías para investigar posibles responsabilidades. El conflicto con BBVA se originó tras la nacionalización de los fondos de pensiones administrados por entidades privadas, proceso que culminó en 2023 con la creación de una gestora estatal.

El pago se produce en un contexto económico complejo, considerado uno de los más difíciles de las últimas décadas para Bolivia, lo que incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reaviva el debate sobre el impacto de las políticas de nacionalización.