La reforma también alcanza a delitos con penas inferiores a cinco años, que antes no eran motivo suficiente para rechazar el ingreso o disponer la expulsión.

El Gobierno argentino puso en marcha un nuevo régimen migratorio que endurece los criterios para el ingreso y la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país. Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de disponer la expulsión de personas condenadas por cualquier delito, incluso cuando la pena sea inferior a cinco años de prisión.

Hasta ahora, la legislación establecía límites más estrictos para aplicar este tipo de medidas. En muchos casos, las condenas por delitos menores no alcanzaban para impedir el ingreso al territorio nacional o justificar una deportación. Con la reforma, ese criterio cambia y amplía el margen de actuación de las autoridades migratorias.

El objetivo oficial es fortalecer los controles sobre la población extranjera y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con la seguridad pública. Según el Gobierno, las nuevas disposiciones buscan evitar que personas con antecedentes penales permanezcan en el país o ingresen al territorio argentino.

La modificación también contempla mecanismos para acelerar los procesos de expulsión cuando existan condenas firmes o se verifiquen incumplimientos de la normativa migratoria. De esta manera, la Dirección Nacional de Migraciones contará con mayores herramientas para resolver estos casos en plazos más breves.

Las medidas forman parte del endurecimiento de la política migratoria impulsado por la administración nacional, que en los últimos meses anunció nuevas exigencias para el ingreso de extranjeros, mayores controles en las fronteras y cambios destinados a reforzar la seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente.