El Gobierno boliviano detectó un perjuicio económico de 870 millones de bolivianos, unos 75 millones de dólares, vinculado a contratos para la provisión de aceite de soya destinado a una planta estatal de biodiésel.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el daño económico se produjo en contratos firmados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para abastecer de aceite crudo de soya a la Planta de Biodiésel I, ubicada en Santa Cruz. Los acuerdos alcanzaron un valor total de 1.057 millones de bolivianos, equivalentes a unos 91 millones de dólares, y contemplaban anticipos millonarios a la empresa Este-Indueste S.R.L.

Según las autoridades, una de las principales irregularidades fue la modificación del reglamento de garantías de YPFB Refinación. Esto permitió que se realizaran desembolsos sin las garantías de cumplimiento y de anticipo que exigía la normativa. La empresa no cumplió con la provisión comprometida y posteriormente solicitó modificaciones en las condiciones de los contratos.

Uno de los contratos finalmente fue rescindido y se acordó la devolución de 336,4 millones de bolivianos, unos 29 millones de dólares. Sin embargo, como garantía se ofrecieron dos terrenos agrícolas que, según el Gobierno, tenían restricciones legales que impedían su embargo y ejecución. Por estos hechos, el Viceministerio de Transparencia presentó dos denuncias ante el Ministerio Público contra 14 personas, entre ellas socios y representantes de la empresa, además de gerentes, funcionarios y exfuncionarios de YPFB Refinación.

La investigación forma parte de una revisión más amplia de posibles hechos de corrupción en el sector de hidrocarburos. García señaló que durante las últimas semanas se recibieron 59 denuncias sobre presuntas irregularidades en distintos departamentos del país, mientras el Gobierno busca determinar responsabilidades y recuperar los recursos que, según la denuncia, fueron afectados.