El Gobierno informó que fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados por antecedentes penales, alertas internacionales, impedimentos legales o incumplimientos de la normativa migratoria.

El Gobierno nacional informó que durante los últimos seis meses se registraron 14.000 procedimientos vinculados con ciudadanos extranjeros. La cifra reúne distintas situaciones: expulsiones de personas que se encontraban dentro del país, rechazos de ingreso en fronteras, capturas por pedidos judiciales y extradiciones. Por lo tanto, no todos los casos corresponden estrictamente a deportaciones. 

Según la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, las medidas alcanzaron a personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, pedidos de captura, impedimentos legales o incumplimientos de los requisitos para ingresar y permanecer en Argentina. El Gobierno presentó los resultados como parte de una política de “orden migratorio y seguridad nacional” y aseguró que los controles fueron reforzados en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. 

La política se enmarca en la reforma migratoria establecida por el DNU 366/2025. La norma amplió las causas que pueden impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros, endureció las consecuencias para quienes cuenten con antecedentes y habilitó nuevas facultades de inspección para la Dirección Nacional de Migraciones. También estableció que las expulsiones no vinculadas con delitos pueden implicar una prohibición de reingreso de al menos cinco años.