Miles de inmigrantes bolivianos que residen en Argentina atraviesan condiciones laborales marcadas por la informalidad, los bajos salarios y la falta de protección social. La situación afecta principalmente a quienes trabajan en la producción hortícola, la construcción, los talleres textiles, el comercio y las tareas de cuidado.

Organizaciones migrantes advierten que muchos trabajadores cumplen jornadas extensas sin recibir una remuneración acorde ni acceder a aportes jubilatorios, obra social, vacaciones o licencias. La necesidad de conservar el empleo y el desconocimiento de los mecanismos de denuncia suelen dificultar los reclamos frente a situaciones de abuso.

La precarización se profundiza entre las personas que dependen de sus empleadores para conseguir vivienda o se desempeñan en zonas rurales alejadas. En esos contextos, la inestabilidad laboral puede combinarse con condiciones habitacionales deficientes y mayores obstáculos para acceder a servicios públicos y asesoramiento legal.

Frente a este escenario, referentes de la comunidad boliviana reclaman mayores inspecciones, sanciones para quienes incumplen la legislación y políticas que favorezcan la regularización laboral. También remarcan que la nacionalidad o la situación migratoria no deben utilizarse como excusa para vulnerar derechos básicos reconocidos por las leyes argentinas.