Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero se registraron números récord en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. La ministra Alejandra Monteoliva vinculó el aumento de procedimientos con el refuerzo de los operativos y con una decisión política clara: impedir que personas con antecedentes, causas penales o documentación irregular permanezcan en territorio argentino.

El nuevo esquema marca un cambio de etapa en la política migratoria. Ya no se trata solo de controlar las fronteras, sino también de verificar la situación de quienes ya se encuentran dentro del país. En ese marco, las fuerzas federales comenzaron a desplegar operativos en zonas urbanas, ferias y puntos comerciales donde se detectaron irregularidades migratorias y posibles delitos asociados.

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en Villa Celina, partido de La Matanza, donde la Policía Federal identificó a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Durante el operativo se utilizaron sistemas biométricos y cruces con bases de datos oficiales, lo que permitió detectar personas en situación migratoria irregular y labrar las actas correspondientes.

Con estas medidas, el Gobierno busca instalar un criterio más estricto: Argentina seguirá recibiendo a quienes ingresen y permanezcan dentro de la ley, pero dejará de tolerar la irregularidad migratoria, los antecedentes penales y el uso del territorio nacional como refugio para quienes evaden controles. La nueva política apunta a reforzar la seguridad interna, ordenar los accesos al país y recuperar la autoridad del Estado en materia migratoria.