El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, advirtió al expresidente Evo Morales que nadie está por encima de la ley, luego de que anunciara posibles movilizaciones a partir del 13 de octubre.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que Morales tiene derecho a cuestionar las decisiones gubernamentales y convocar manifestaciones pacíficas, pero rechazó que se utilicen ultimátums o bloqueos para imponer condiciones. También sostuvo que el Estado debe garantizar la libre circulación, el abastecimiento y los derechos de la población.

Morales y sus seguidores dieron plazo al Gobierno hasta el 3 de octubre para derogar varias disposiciones, entre ellas el Decreto Supremo 5716, que eliminó el subsidio al diésel, y el Decreto Supremo 5727, que establece la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas. Si no se atienden sus demandas, anunciaron una movilización nacional desde el 13 de octubre.

El pronunciamiento oficial también incluyó la situación judicial del exmandatario. Justiniano recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales y señaló que debe presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa con las garantías constitucionales. Morales permanece en el trópico de Cochabamba, donde encabezó un encuentro con sus seguidores.

El conflicto se produce tras las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio, que se extendieron durante más de 50 días y provocaron problemas de abastecimiento y pérdidas económicas. El Gobierno reiteró su disposición al diálogo con los distintos sectores, aunque afirmó que buscará garantizar la circulación y evitar nuevas medidas de presión que afecten a la población.