La eliminación del subsidio al diésel en Bolivia provocó movilizaciones y amenazas de nuevas medidas de fuerza por parte de sindicatos, transportistas y organizaciones sociales. El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que la decisión busca reducir el costo fiscal y mejorar el abastecimiento de combustible.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5716 y comenzó a regir el 19 de septiembre. El Ejecutivo vinculó la decisión con la crisis económica y con los problemas de abastecimiento registrados durante los últimos meses, mientras que distintos sectores advierten que el incremento puede trasladarse a las tarifas del transporte y al precio de los productos.

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el decreto y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles acciones. Los choferes también declararon el estado de emergencia y anunciaron una reunión nacional en Santa Cruz, donde analizarán la posibilidad de realizar paros o bloqueos si el Gobierno no modifica la medida.

El aumento del combustible ya genera preocupación entre transportistas y productores debido al impacto sobre los costos de operación y traslado de mercancías. La Defensoría del Pueblo advirtió que el encarecimiento del diésel podría repercutir en el precio de los alimentos y otros bienes, ya que el combustible es utilizado en actividades agrícolas, comerciales y de transporte.

El Gobierno afirma que la eliminación del subsidio permitirá corregir las distorsiones generadas por la venta del combustible a un precio inferior al costo de importación y reducir el gasto estatal. En paralelo, el Ejecutivo anunció medidas de compensación y mantiene conversaciones con distintos sectores, mientras Bolivia atraviesa un nuevo escenario de tensión social bajo un estado de excepción prorrogado por otros 90 días.